El Río Coralaque, fuente vital para las comunidades y ecosistemas de Moquegua, enfrenta una crisis ambiental. Altos niveles de contaminación amenazan la agricultura, la ganadería y la biodiversidad en las provincias de General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto, mientras las autoridades buscan soluciones que aún no llegan.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades para mitigar la contaminación, las acciones han sido insuficientes. Se han realizado inspecciones a las industrias mineras, principales señaladas como fuente del problema debido al vertido de residuos tóxicos. También se han promovido mesas de diálogo entre el gobierno, las empresas y las comunidades afectadas, pero los resultados han sido escasos. La falta de financiamiento, la burocracia y la inacción política han perpetuado la crisis.
Análisis de la calidad del agua
El Informe Técnico N.º 0074-2024-ANA-AAA.COALA.TAT, publicado el 30 de julio de 2024 por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), revela datos alarmantes. En el punto de monitoreo RTamb4, ubicado en Quinistaquillas, se detectaron niveles de cloruros, aluminio, arsénico, boro, hierro y manganeso que superan los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para el riego y el consumo animal.
Desde 2016, los ríos Coralaque y Tambo han mostrado cambios de coloración, pasando de verde amarillento a tonos naranjas intensos. Estudios han confirmado la presencia de metales pesados que superan los límites permitidos, vinculados presuntamente a los desechos de la concesión minera Florencia Tucari.
Las comunidades de Pachas (distrito de Chojata), Huarina (Matalaque) y los distritos de Quinistaquillas, Omate y Coalaque han sufrido consecuencias devastadoras. La contaminación ha arruinado terrenos agrícolas, provocado la muerte de ganado y afectado la flora y fauna local. Además, los pobladores reportan enfermedades como diarreas y abortos en animales, mientras la preocupación crece ante la falta de medidas concretas.
La crisis del río Coralaque exige respuestas urgentes. Se requieren planes de remediación efectivos, mayor fiscalización ambiental y transparencia en la gestión de mitigación. La educación ambiental y la participación ciudadana serán clave para presionar a las autoridades y evitar que este desastre continúe afectando a las generaciones futuras.
María Eliana Santacruz Huillca