La minería ilegal dejó de ser un problema local o nacional y se ha convertido en uno de preocupación continental y mundial. La extracción de oro genera impactos, muchas veces irreversibles, en las comunidades indígenas, la biodiversidad y la estabilidad social del continente, con predominio en Perú, Nicaragua, Venezuela, Brasil y Bolivia, según la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Diversos informes documentan la contaminación con mercurio en ríos, con niveles alarmantes, y destacan los efectos devastadores que este problema causa en el medio ambiente, los ecosistemas y las comunidades campesinas y nativas. Cabe resaltar que el Perú se adhirió al Convenio de Minamata en 2013. Desde entonces, la minería formal no utiliza mercurio en sus procesos. Sin embargo, las redes de tráfico introducen este insumo químico en nuestro país y la minería ilegal lo emplea en sus operaciones.
La Amazonía bajo amenaza
En la Amazonía, la minería ilegal destruye áreas naturales protegidas (ANP) y otros ecosistemas. Por ejemplo, entre 2017 y 2018, la deforestación en Madre de Dios alcanzó valores históricos. Se perdieron más de 18.000 hectáreas en esa región y en las zonas colindantes con Cusco y Puno.
La causa es el uso desmesurado de mercurio. Esta sustancia degrada el medio ambiente con los relaves que inundan los ríos y, al mismo tiempo, contaminan y matan a las especies de peces que sirven de alimento a las poblaciones amazónicas, según el estudio Minería ilegal en áreas naturales protegidas, del ahora desactivado programa de USAID.
Tampoco deja de preocupar la violencia que crece alrededor de esta actividad ilegal. En 2017, Madre de Dios tuvo una tasa anual de homicidios de 46,6 muertes por cada 100.000 habitantes. Esta cifra fue mucho mayor que el promedio nacional, que alcanzó solo 7,8 muertes. Mientras tanto, en Puno se presentó la mayor cantidad de denuncias por trata de personas.
Fabricio Rullier