El asesinato de 13 trabajadores secuestrados en un socavón clandestino en Pataz, La Libertad, ha puesto en evidencia la inacción del Estado frente al avance de la minería ilegal. Durante los ocho días que pasaron entre la denuncia del secuestro y el hallazgo de los cuerpos con signos de tortura, el gobierno de Dina Boluarte apenas reaccionó. Solo tras la confirmación del crimen, la presidenta anunció acciones que siguen sin claridad operativa: toque de queda, instalación de una base militar, suspensión de actividades mineras por 30 días y exclusión de los inscritos suspendidos en el Reinfo.
Estas medidas, sin logística definida, no atacan el fondo del problema. En Pataz operan más de 450 bocaminas ilegales y solo este año salieron 11.000 volquetes cargados con mineral, sin pertenecer a las mineras formales. Según El Comercio, “se trata de un promedio de 30 camiones cada día que atraviesan medio país sin problemas”.
La urgencia de un nuevo enfoque
El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, precisó que la suspensión “no involucra a las empresas formales”, pero no explicó cómo se ejecutará. En Pataz hay 1.291 inscripciones en el Reinfo, de las cuales 761 están suspendidas.
“El problema es quién lo va a fiscalizar y cómo. No hay capacidad operativa para hacer el seguimiento”.
Nicolás Zevallos, del Instituto de Criminología, advirtió.
Zaraí Toledo, investigadora en economías informales, señala que excluir a suspendidos en Reinfo es irrelevante, ya que los ilegales pueden operar con registros activos o nuevos.
“El Reinfo se ha vuelto el rincón de testaferros para poder legitimar las actividades ilegales. Cuando se creó tenía una buena premisa, pero sin acompañamiento, monitoreo y vigilancia, se convirtió en un paraguas para evitar las interdicciones”.
Declaró Toledo.
Ambos especialistas coinciden en que se necesita inteligencia estatal para intervenir la cadena criminal del oro, desde financistas hasta el mercado negro. “La gran pregunta es ¿cuántos expedientes fiscales por organizaciones criminales se han elaborado a la fecha?”, plantea Zevallos.
Las fallas del Estado
La Minera Poderosa también responsabilizó al Congreso por las reiteradas ampliaciones del Reinfo, instrumento que protege a ilegales. “Reiteradas ampliaciones del Reinfo han servido de manto protector para que los mineros informales/ilegales sigan desarrollando sus actividades impunemente como parte de un proceso que ha demostrado ser un total fracaso”.
En diciembre de 2024, el Congreso aprobó una nueva prórroga del Reinfo hasta junio de 2025. Esta decisión va en contra de lo establecido por el Tribunal Constitucional, que dictaminó:
“No resulta constitucionalmente amparable que se regule un marco de exención penal, referido a los delitos ambientales, en ningún proceso de formalización minera, ni en ninguna prórroga del régimen transitorio”.
Tribunal Constitucional.
A más de 20 años de su implementación, el Reinfo no ha logrado formalizar ni al 3% de sus inscritos. Según Gustavo de Vinatea, del Instituto de Ingenieros de Minas, “se ha desarrollado una red de criminalidad que hoy todos los ciudadanos sufrimos y si no la contenemos […] llegará a ser inmanejable para el Estado peruano”.
La minería ilegal genera alrededor de US$6 mil millones al año y continúa su expansión con impunidad. Como concluye la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, el fallo del TC es clave: ninguna política pública puede incluir exenciones penales por delitos ambientales.
Fabricio Rullier