Desde lo alto de las pampas de Nazca y Palpa, en la región de Ica, se dibujan sobre el desierto milenario más de 800 geoglifos que fascinan al mundo: figuras de colibríes, monos, llamas y líneas geométricas que aún desafían a la ciencia con sus misterios. Declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco en 1994, las Líneas de Nazca no solo representan un símbolo cultural del Perú, sino también una reliquia vulnerable frente a las crecientes amenazas humanas. Hoy, una nueva decisión del Gobierno peruano ha reavivado la controversia: la reducción del área protegida en un 42%.
El 30 de mayo de 2025, el Ministerio de Cultura oficializó la modificación del polígono que comprendía la Reserva Arqueológica Líneas y Geoglifos de Nazca. De los 5.633 km² originales, el área ahora ha sido recortada a 3.235 km². Según el titular de la cartera, Fabricio Valencia, este ajuste responde a una necesidad de «reflejar de manera más precisa la relación entre los geoglifos y las características físicas registradas en la zona», respaldado por estudios técnicos realizados durante más de dos décadas en colaboración con la Universidad de Yamagata.
“Estamos sincerando la información y se determinó que son aproximadamente 3.200 kilómetros cuadrados los que corresponden a la reserva arqueológica”.
Declaró Valencia.
Sin embargo, para los especialistas, la decisión no solo carece de consenso, sino que representa una grave omisión en términos de protección cultural.
“Nos enteramos cuando salió la resolución viceministerial. Antes no teníamos ni siquiera indicios de que podía pasar esto”.
Afirmó Pieter van Dalen Luna, el decano del Colegio de Arqueólogos del Perú.
Minería ilegal y desprotección institucional
El verdadero epicentro de la preocupación está más allá de los trámites administrativos: en la expansión de la minería ilegal que ya había sido alertada por el propio Ministerio de Cultura desde años anteriores. Según un informe enviado al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú en 2024, el ministerio calificó a la reserva de Nazca como “la zona más afectada por la minería ilegal”.
“Lamentablemente, la minería informal es una actividad presente en esta zona, pero la medida que hemos tomado no implica que se fomente ni que aumente la probabilidad de daños derivados de la minería informal. Eso no sucederá”.
Admitió el titular del sector recientemente.
Pero las declaraciones oficiales contrastan con la realidad. En 2020, autoridades hallaron un campamento minero ilegal en la zona arqueológica de La Muña, donde se encontraron bocaminas activas y maquinaria de extracción. En 2016, otra operación en la Quebrada de la Taruga incautó cinco toneladas de explosivos. Y aún así, según admitió el propio Valencia, el ministerio no tiene claridad sobre “qué tipo de mineral hay” en los campamentos actuales.
Un recorte que excluye zonas frágiles
La principal crítica de los expertos recae sobre el hecho de que el nuevo perímetro excluye territorios que se encuentran “expuestos a la vulnerabilidad y la destrucción por varios factores como la minería ilegal y la expansión agrícola”, según el Colegio de Arqueólogos. Es decir, la reducción no solo disminuye el área bajo vigilancia, sino que precisamente deja fuera los sectores donde se ha detectado actividad extractiva.
“La reducción no solo elimina protecciones, sino que lo hace precisamente donde la actividad extractiva se está expandiendo”, advirtió Mariano Castro, exviceministro de Ambiente. “Esto podría causar riesgos muy graves y daños acumulativos”.
Por su parte, el abogado ambientalista César Ipenza fue más directo: “Esta decisión beneficia a esos grupos y perjudica a todos los peruanos”. Según el jurista, la resolución implica un debilitamiento de los compromisos internacionales del Estado peruano, y responde a un patrón de flexibilización legal a favor de la minería informal.
Silencio institucional
Ante la ola de críticas, el Ministerio de Cultura ha optado por no responder en detalle, limitándose a asegurar que la nueva delimitación.
“No afecta el área inscrita como Patrimonio Mundial ni su zona de amortiguamiento”.
Según los criterios de la Unesco.
No obstante, la propia Unesco ha señalado que no fue notificada oficialmente sobre ningún cambio. La organización internacional anunció que solicitará más información a las autoridades peruanas.
Mientras tanto, el Colegio de Arqueólogos anunció que presentará un recurso legal para revertir la resolución. “Estamos haciendo el balance y la evaluación con asesoría legal. Pero pronto habrá noticias”, sostuvo Van Dalen Luna.
Una política sin norte
La tensión no es nueva. Desde el sitio arqueológico de Caral hasta los acantilados de Palpa, distintos actores del sector cultural han advertido sobre la falta de un plan integral para la protección del patrimonio prehispánico en Perú.
“El área reservada de las líneas de Nazca no solo tiene como objetivo amortiguar la influencia de actividades económicas sino proteger un espacio que aún no está plenamente investigado”,
Señala el sociólogo Santiago Alfaro.
Además, los especialistas critican la ausencia de una unidad ejecutora específica para la gestión del sitio, lo cual impide una acción efectiva frente a las amenazas.
“Lo óptimo sería la creación de una unidad ejecutora para generar políticas de protección, gestión y recuperación del sitio arqueológico con fines culturales, históricos y artísticos”
Sostiene el Colegio de Arqueólogos.
Un futuro en disputa
La historia de las Líneas de Nazca ha resistido el paso del tiempo, pero la fragilidad del desierto y la presión de intereses económicos —muchos de ellos ilegales— representan un desafío que el Estado aún no ha podido resolver. Lo que está en juego va más allá del trazado de un nuevo polígono: es la capacidad del país para proteger un símbolo de su identidad frente a los embates de la desidia, la corrupción y la informalidad.
La ciudadanía y la comunidad científica esperan respuestas claras, medidas firmes y, sobre todo, un compromiso real con la historia. Como advirtió Pieter van Dalen: “Lamentablemente, el ministro de Cultura, de manera dictatorial, hace caso omiso y no nos quiere dar estas reuniones de trabajo”.
El desenlace de esta controversia aún está por escribirse. Pero las señales actuales apuntan a una encrucijada peligrosa entre lo que se conserva y lo que se pierde.
Fabricio Rullier