El presidente del Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante del Pacífico Sur (Calamasur), Alfonso Miranda, expresó su preocupación por la reciente suscripción del Tratado de Alta Mar por parte de la presidenta Dina Boluarte, y propuso que se retire la firma para abrir un proceso de deliberación pública.
Miranda cuestionó la falta de discusión previa en torno al Tratado sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ, por sus siglas en inglés). A su juicio, un compromiso de esta magnitud no debió firmarse sin un debate amplio, especialmente en un país con fuerte vocación pesquera como el Perú.
«Lo sensato y lo que podría contribuir a que no haya más crispación en nuestro país sería retirar la firma y generar un debate. Si luego del debate nos convencemos de que es una maravilla, como dicen algunos ministros, se aprobará. Pero tiene que ser fruto del consenso y no de la imposición».
Declaró.
Miranda criticó que el Gobierno haya tomado esta decisión sin una campaña de información adecuada por parte de la Cancillería, especialmente en los principales puertos del país. Señaló que el tratado impacta directamente en intereses pesqueros estratégicos y debería haberse socializado con las comunidades marítimas antes de su firma.
«Un tratado internacional, que compromete el futuro del país, tenía que haber sido debatido. En todos los puertos del Perú nos hubiera gustado ver al canciller, quien ahora está muy activo (…) El Perú tiene una condición de país pesquero, por lo tanto, no tiene solo injerencia en nuestras propias aguas jurisdiccionales, sino también en el mar adyacente».
Añadió.
¿Qué es el Tratado de Alta Mar?
El tratado en cuestión fue adoptado por la ONU en 2023 y busca establecer reglas claras para proteger la biodiversidad marina en zonas fuera de la jurisdicción de los Estados, conocidas como alta mar. Estas áreas comprenden cerca del 66% de los océanos y, hasta la fecha, carecían de una regulación internacional sólida.
Entre sus disposiciones se incluyen la creación de áreas marinas protegidas, la regulación de la pesca industrial, la minería submarina y la bioprospección genética. Asimismo, se promueve la cooperación entre países en investigación científica y reparto equitativo de los beneficios obtenidos de los recursos marinos.
La postura del Ejecutivo
Desde el Gobierno, se ha afirmado que la firma del tratado no compromete la soberanía del Perú sobre sus 200 millas náuticas. El Ministerio de la Producción subrayó que la adhesión al BBNJ no afecta la integridad territorial ni la jurisdicción nacional, y aclaró que este acuerdo se enmarca en los compromisos ambientales globales.
La presidenta Boluarte comunicó formalmente al Congreso, mediante oficio enviado el 3 de junio, su intención de firmar el tratado durante su participación en la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos, celebrada en Niza, Francia.
El canciller Elmer Schialer también descartó cualquier afectación a la soberanía marítima del país, enfatizando que la firma no equivale a la entrada en vigencia del tratado, el cual aún debe ser revisado por el Congreso. Además, remarcó que el Perú firmó como Estado no parte de la Convención del Mar (Convemar), lo que permite resguardar los principios constitucionales del dominio marítimo peruano.
Controversias y reacciones
A pesar de las explicaciones oficiales, sectores como la Sociedad Nacional de Industrias, la Sociedad Nacional de Pesquería y la Sociedad de Comercio Exterior han manifestado su rechazo, argumentando que el tratado puede imponer restricciones perjudiciales para la pesca y el desarrollo económico regional. En un pronunciamiento conjunto, estas entidades advirtieron que el acuerdo debilita organizaciones regionales eficaces y responde a agendas de ONG internacionales que podrían comprometer la seguridad alimentaria y el empleo formal.
En contraste, defensores del tratado lo consideran un paso fundamental para proteger el “pulmón azul del planeta” y garantizar la sostenibilidad de los océanos. Además, la adhesión al BBNJ permitiría al Perú acceder a cooperación técnica y financiera internacional, así como a proyectos de conservación marina.
Por ahora, la controversia persiste. Mientras los sectores productivos exigen mayor transparencia, desde el Ejecutivo aseguran que todo está en regla y que el país mantiene intactos sus derechos sobre el mar peruano. La ratificación del tratado, de cualquier modo, será una decisión que el Congreso deberá evaluar en los próximos meses, y que podría definir no solo la política ambiental del país, sino también su relación con la industria pesquera.
Fabricio Rullier