Por segunda vez en menos de siete meses, los vecinos del distrito de Lobitos, en la provincia de Talara (Piura), han denunciado un nuevo derrame de petróleo crudo que ha alcanzado zonas sensibles del ecosistema marino, como la playa Las Capullanas, una de las más concurridas por turistas y locales. La fuga se registró el lunes 7 de julio en el Pozo 383 del Lote VI, operado por Petroperú, y ha vuelto a generar preocupación, protestas y exigencias de respuestas concretas a las autoridades ambientales.
Según los reportes ciudadanos y del medio local La Noticia Talara, el derrame fue detectado en el sector Yapato y se extendió hacia Punta Lobos B, a espaldas de la escuela local, afectando zonas de tránsito turístico y económico clave para la comunidad. A pesar de que personal de Petroperú acudió al lugar, evitó brindar declaraciones a los medios locales, lo que alimentó la desconfianza y malestar de la población.
Durante las horas posteriores al incidente, la comunidad denunció que maquinaria pesada habría removido arena para ocultar el crudo, sin la debida supervisión ambiental. La situación recuerda al derrame del 20 de diciembre de 2024, que afectó seis playas y dañó la fauna marina, la pesca y el turismo local.
Reacciones oficiales y locales
Ante la presión ciudadana, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) inició una supervisión en la zona afectada. Según el informe preliminar, el crudo se habría extendido 500 metros, aunque vecinos afirman que llega hasta 3 kilómetros. El organismo revisa el plan de contingencia y limpieza de Petroperú, pero aún no precisa la causa ni la cantidad de crudo derramado.
En paralelo, Osinergmin también anunció labores de fiscalización para verificar la magnitud del daño y determinar responsabilidades. La Fiscalía de Sullana investiga el caso de diciembre y podría ampliarlo si se confirma una nueva negligencia ambiental.
El alcalde de Lobitos, Ricardo Bancayán, expresó su indignación ante lo que considera una respuesta insuficiente de Petroperú.
“Nuestra biodiversidad está siendo devastada. Las rocas donde crece el percebe están cubiertas de crudo. Exigimos sanciones ejemplares”.
Petroperú responde
En un comunicado emitido el 8 de julio, Petroperú afirmó que la zona afectada “ya se encuentra limpia en un 95%”, aunque no especificó el volumen de crudo derramado. También atribuyó el retraso en la atención a la supuesta obstrucción del ingreso de maquinaria por parte de pobladores y denunció la “manipulación de la válvula del pozo y la violentación de la malla perimetral”.
La estatal señaló que ha informado a la Policía Nacional para que inicie una investigación y brinde garantías durante las labores de limpieza. La comunidad rechaza estas versiones y afirma que no ha recibido información clara ni compensaciones por el derrame de 2024.
Impacto ambiental acumulativo y precedentes en otras regiones
El caso de Lobitos no es aislado. En lo que va de 2025, se han reportado al menos tres derrames de crudo en el Oleoducto Norperuano, en la región Loreto. Uno de los más graves ocurrió en marzo y afectó directamente a nueve comunidades Awajún, dejándolas sin acceso a agua potable. En todos los casos, diversos actores han señalado que Petroperú actuó de forma tardía o insuficiente.
En Lobitos, el temor es que, con la llegada de lluvias, el petróleo infiltrado en el terreno seco desemboque finalmente en el mar, afectando nuevamente la actividad pesquera y turística.
Declaró un dirigente comunal, quien además recalcó la urgencia de una indemnización y monitoreo constante del ecosistema.
“Este mes nuevamente nos está trayendo otro derrame grande. El mismo ingeniero de Petroperú dijo que son 40 barriles más o menos los que se han derramado”.
Los vecinos y organizaciones locales han solicitado la presencia inmediata de la OEFA, Osinergmin, la Capitanía de Puertos y la Defensoría del Pueblo para frenar la propagación del crudo y garantizar el registro oficial de daños antes de cualquier intento de encubrimiento. También han exigido transparencia en los informes técnicos y sanciones efectivas que impidan la impunidad ambiental.
Mientras tanto, la tensión crece en una región que, en lugar de avances sostenibles, enfrenta una peligrosa recurrencia de desastres causados por la falta de fiscalización efectiva, acciones preventivas y respeto al medio ambiente.