La noche del 4 de septiembre, el Perú fue escenario de una filtración de datos. Miles de documentos internos de la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la Policía Nacional fueron publicados en un canal de Telegram bajo el nombre de “Dirin Leaks”. Entre ellos figuran reportes clasificados, planes de seguridad presidencial, información sobre políticos, periodistas y hasta identidades de agentes encubiertos.
El ataque fue reivindicado por el colectivo de hackers Deface Perú, que se burló de la precariedad tecnológica del Estado: “Gastaron 7 millones en un datacenter inútil mientras su ‘ciberseguridad’ ve tutoriales en YouTube. Nos investigaban. Hoy los tumbamos”, afirmaron.
Secretos de inteligencia expuestos al público
La magnitud de la filtración es alarmante. Se expusieron datos personales y códigos de agentes de inteligencia y contrainteligencia, registros de ingresos y salidas de sedes policiales, circulares internas y hasta credenciales de acceso. Un medio digital confirmó que los documentos incluyen planes de protección para Dina Boluarte y expresidentes como Martín Vizcarra, Francisco Sagasti, Manuel Merino y Pedro Castillo.
También aparecen reportes de seguimiento a congresistas, exparlamentarios y periodistas críticos al Gobierno. En el caso del semanario Hildebrandt en sus trece y del equipo de La Encerrona, la Dirin los catalogaba como una amenaza a la gobernabilidad y al orden constitucional.
Pero lo más grave es la exposición de identidades de agentes encubiertos que operan contra el crimen organizado y remanentes terroristas en el VRAEM. Su seguridad y la de sus familias quedó comprometida de manera irreversible.
Los archivos revelan un uso polémico de la inteligencia policial. Entre los documentos filtrados se registran seguimientos a jueces y fiscales vinculados al caso Lava Jato, así como a dirigentes sociales del Valle de Tambo, opositores al proyecto minero Tía María.
En Arequipa, por ejemplo, se encontraron casi dos mil reportes de inteligencia vinculados a movilizaciones, paros y asambleas desde 2016. Varios de estos documentos confirman vigilancia directa a líderes como Miguel Meza y Jesús Cornejo.
“Se supone que la inteligencia debe usarse contra el crimen organizado, no contra la prensa ni contra quienes protestan”.
Declara el congresista Jaime Quito.
El hacker identificado como Inkaroot declaró al programa Punto Final que toda la base de datos —más de 120 gigabytes— fue extraída con apenas una línea de código, debido a la debilidad de los servidores policiales. “Nunca había visto un sistema tan precario como el de la policía. No nos tardamos casi mucho en hackear todo”, aseguró.
Esa precariedad tecnológica no es exclusiva de la PNP. Expertos en ciberseguridad advierten que la mayoría de entidades estatales carece de protocolos actualizados y personal capacitado para resistir ataques cada vez más sofisticados.
Reacciones y crisis política
El congresista Diego Bazán fue uno de los primeros en advertir el peligro: “Hoy podrían ejecutar a esos agentes”, alertó en redes sociales, cuestionando al ministro del Interior, Carlos Malaver.
La gravedad del caso motivó que la Comisión de Defensa del Congreso cite a los ministros del Interior y de Defensa. La presidenta de ese grupo, Karol Paredes, reconoció “tremendas deficiencias” en la protección de información clasificada y no descartó impulsar una censura contra Malaver.
Lejos de detenerse, Deface Perú anunció que su próximo objetivo será la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el organismo que articula las labores de espionaje y contraespionaje en el país. De cumplirse la amenaza, el nivel de riesgo para la seguridad nacional se multiplicaría.
“Si un par de individuos con tiempo y conocimiento lograron esto, imaginen lo que harían quienes sí buscan dañar. Inviertan mejor, capaciten mejor, protejan mejor”.
Advirtieron los hackers.
Un problema de fondo
El caso “Dirin Leaks” no es solo una vulneración puntual. Expone el retraso estructural del Perú en materia de ciberseguridad, donde la inversión es mínima, la capacitación insuficiente y la coordinación entre instituciones casi inexistente.
Más allá del escándalo político, la filtración dejó al descubierto una grave realidad. El aparato de inteligencia depende del secreto para ser eficaz. Sin embargo, hoy se encuentra desprotegido frente a un escenario digital cada vez más hostil.
La filtración expuso identidades, estrategias y reportes internos, comprometiendo la seguridad nacional. También evidenció un dilema ético: la inteligencia vigiló a periodistas, jueces y dirigentes sociales en vez de combatir al crimen organizado.
Fabricio Rullier