La minería formal y la transición energética se han vuelto ejes decisivos para el desarrollo sostenible en el país. Múltiples investigaciones científicas y reportes técnicos confirman que el Perú enfrenta hoy un doble desafío: la excesiva regulación que retrasa los proyectos formales y el avance sin control de la minería ilegal, con impactos sociales, económicos y ecológicos crecientes.
Jimena Sologuren, presidente de PERUMIN 37, ha señalado que hay más de 67 proyectos mineros con capacidad técnica y económica para ejecutarse, pero que se encuentran paralizados por la burocracia y la falta de articulación institucional. En los foros del evento “Road to PERUMIN 37: Desafíos para fortalecer la competitividad minera del Perú”, insistió en la necesidad de un Estado que “sepa cumplir su rol frente a la minería ilegal”, mientras la minería legal se ve forzada a esperar.
Este escenario se enlaza con los datos del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO): de los más de 84.000 inscritos, solo alrededor de 2.000 han logrado culminar el proceso de formalización.
Avance y consecuencias de la minería ilegal
Mientras tanto, la minería ilegal y la minería artesanal informal (MAPE) continúan expandiéndose, especialmente en regiones amazónicas. Este problema no es solo de legalidad, sino de consecuencias tangibles para la salud, el ambiente, la cohesión social y la economía local.
La minería ilegal en el Perú ha dejado huellas profundas tanto en el ambiente como en el tejido social. Diversas investigaciones han demostrado que la extracción aurífera en los ríos amazónicos incrementa notablemente la contaminación por mercurio y la presencia de metilmercurio en peces, lo que compromete directamente la seguridad alimentaria de comunidades que dependen de la pesca. A ello se suman impactos acumulativos como el aumento de sedimentos suspendidos, la turbidez en los ríos, la deforestación de llanuras de inundación y los cambios en la morfología de los cauces, factores que aumentan la vulnerabilidad frente a sequías e inundaciones.
Impactos sociales y económicos
En el plano social y económico, se calcula que entre 300.000 y 500.000 personas participan en la minería artesanal o ilegal, aunque solo una pequeña parte ha logrado formalizarse. El uso indiscriminado de mercurio, sin controles ni medidas de seguridad, expone a miles de familias —en especial a poblaciones indígenas amazónicas— a graves riesgos de salud.
“Esto nos juega en contra como país porque empieza a afectar el tejido social de una manera que será difícil revertir”.
Advirtió Jimena Sologuren, presidente de PERUMIN 37.
Los daños socioambientales se traducen también en pérdida de bosques: en diversas comunidades amazónicas, la expansión de la minería ilegal ha provocado una deforestación acelerada con impactos irreversibles en los ecosistemas. A ello se suman pérdidas cuantiosas en servicios ecosistémicos, salud pública, pesca y calidad del agua. Un estudio reciente estima que solo en comunidades indígenas amazónicas, los impactos de la minería ilegal de oro alcanzaron los 166 millones de dólares en 2023, casi el doble de lo registrado el año anterior.
Minerales críticos y transición energética
En paralelo, la transición energética mundial coloca al Perú en el centro de atención. Minerales como el litio, el cobre o el níquel se han vuelto estratégicos para las energías renovables. “La transición energética mundial ya está en marcha. Y los minerales críticos como el litio, el cobre o el níquel están en el centro de atención”, afirmó José Estela, presidente del Foro de Transición Energética Minera.
El desafío, sin embargo, es lograr un equilibrio. Mientras la minería formal espera décadas para la aprobación de proyectos, el sector ilegal gana terreno sin control. “Necesitamos ser un país atractivo para la inversión y, al mismo tiempo, tener un Estado que sepa cumplir su rol frente a la minería ilegal”, señaló Sologuren.
Recomendaciones para enfrentar el reto
Los especialistas coinciden en que la salida pasa por agilizar la aprobación de proyectos mineros sin comprometer los estándares sociales y ambientales, fortalecer los programas de formalización con asistencia técnica y financiamiento, y establecer un monitoreo ambiental y sanitario riguroso, en especial en cuencas amazónicas. También se destaca la necesidad de garantizar la participación comunitaria en la vigilancia de los impactos y articular políticas energéticas que integren los minerales críticos en una estrategia nacional de desarrollo sostenible.
El Perú se encuentra en una encrucijada. Su riqueza minera representa una oportunidad para liderar la transición energética en América Latina, pero ello solo será posible si se logra reducir la minería ilegal, consolidar la formalización y proteger los ecosistemas y las comunidades. Las discusiones en PERUMIN 37 reflejan precisamente este reto: construir un país atractivo para la inversión, con un Estado que ejerza control y garantice que los beneficios de la minería sostenible lleguen a más peruanos.